En los últimos años, el impulso global hacia una mayor transparencia fiscal ha ganado fuerza. Nuevos estándares internacionales, mecanismos de intercambio automático de información y exigencias sobre identificación de beneficiarios finales se han convertido en prácticas comunes en muchas jurisdicciones. Sin embargo, este proceso también ha generado un intenso debate: ¿hasta qué punto puede avanzarse en transparencia sin afectar derechos fundamentales como la privacidad?
En algunos contextos, la publicación irrestricta de datos sobre estructuras societarias o fideicomisos ha sido promovida como herramienta para combatir la evasión fiscal, el lavado de activos y otras prácticas ilícitas. Sin embargo, se ha cuestionado si esa exposición generalizada es compatible con la protección de la vida privada, la seguridad patrimonial y los derechos individuales.
Privacidad y transparencia: dos principios en tensión
La transparencia fiscal es esencial para asegurar la equidad del sistema tributario, prevenir el uso abusivo de estructuras jurídicas y garantizar la trazabilidad del dinero. Sin embargo, cuando los mecanismos de control dejan de estar en manos de autoridades competentes y se trasladan al dominio público sin límites claros, puede producirse una vulneración de derechos.
La clave está en establecer un sistema equilibrado, donde la información sensible esté disponible para quienes deben actuar sobre ella —autoridades fiscales, judiciales o de prevención del delito— sin necesidad de exponer a los titulares a riesgos innecesarios.
- La transparencia no debería implicar una exposición pública absoluta.
- La privacidad patrimonial no debe ser vista como una forma de opacidad.
- La proporcionalidad es el principio clave para compatibilizar ambos intereses.
Un enfoque equilibrado: información sí, pero con límites
Algunos países han optado por implementar mecanismos de identificación de beneficiarios finales con acceso restringido. Bajo este esquema, los datos son obligatoriamente reportados, pero su acceso está limitado a determinadas autoridades en función de procesos formales.
Este enfoque permite cumplir con los compromisos internacionales, como los exigidos por organismos de cooperación fiscal o prevención de delitos financieros, sin comprometer la seguridad ni la privacidad de las personas involucradas.
Ventajas del modelo institucional
Este tipo de sistemas ofrece varios beneficios:
- Cumplen con las recomendaciones de organismos internacionales en materia de transparencia y prevención de ilícitos.
- Evitan la exposición pública de datos personales o financieros que podrían ser utilizados con fines indebidos.
- Reducen el riesgo de estigmatización, extorsión o inseguridad patrimonial.
La información sigue estando disponible para las autoridades que deben actuar sobre ella, pero se protege a los titulares de una publicidad innecesaria que podría vulnerar derechos fundamentales.
El avance de la cooperación fiscal internacional
Con la implementación de sistemas como el intercambio automático de información financiera (CRS), los reportes globales por país (CbC reporting) y las reglas antiabuso, la transparencia ya no es una opción. Es una obligación para quienes operan a nivel internacional. Sin embargo, esta obligación debe ejercerse dentro de marcos legales que respeten las garantías constitucionales.
Los Estados pueden —y deben— diseñar sus sistemas de información de forma tal que no se conviertan en herramientas de vigilancia indiscriminada o en fuentes de exposición pública de patrimonios privados.
¿Hacia dónde deben avanzar los países de la región?
Para muchas economías, en particular en América Latina, la discusión es actual y urgente. La presión para adoptar modelos de registros públicos debe ser balanceada con la necesidad de proteger derechos individuales y evitar efectos no deseados. Implementar modelos con control institucional y acceso restringido puede ser una solución más prudente y sostenible.
- Es posible cumplir con las exigencias internacionales sin vulnerar la privacidad.
- Los registros pueden ser obligatorios, pero con acceso limitado a autoridades competentes.
- La transparencia debe ser un medio para garantizar justicia fiscal, no una herramienta de exposición innecesaria.
Conclusión
El avance de la transparencia fiscal es positivo y necesario en un mundo cada vez más globalizado. Sin embargo, no debe hacerse a expensas de los derechos fundamentales. Encontrar un punto de equilibrio entre el deber de reportar y el derecho a la privacidad es posible, y algunos países ya han demostrado que se puede cumplir con ambos objetivos.
En lugar de adoptar modelos maximalistas, donde todo sea visible para todos, puede optarse por sistemas regulados, auditables y con controles institucionales. Así, se promueve la cooperación internacional y se fortalece la confianza en los sistemas jurídicos y fiscales, sin generar riesgos adicionales para los contribuyentes.
