Uruguay se destaca en la región como un destino atractivo y seguro para inversores internacionales. El país ofrece varias ventajas, como un mercado de cambios libre sin restricciones en la entrada y salida de capitales, transferencias de utilidades, dividendos, intereses, etc.
No se requiere una contraparte local para invertir. Además, Uruguay cuenta con un sistema tributario uniforme en todo su territorio, basado en el principio de renta territorial, lo que significa que, en general, no se gravan las rentas generadas en el extranjero ni los activos ubicados fuera del país. Tampoco existe discriminación entre inversiones nacionales y extranjeras.
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¿Cuáles son las ventajas y por qué resulta esencial entenderlas al invertir en Uruguay?
Comprender los beneficios de invertir en Uruguay es crucial para inversores tanto nacionales como internacionales que buscan iniciar actividades en el país, bajo las directrices de la Ley 16.906. Esta ley permite obtener importantes exenciones fiscales, que varían entre el 30% y el 100% del total invertido, aplicables durante un periodo de 4 a 25 años.
La Ley 16.906, conocida como «Ley de Inversiones», junto con los Decretos 143/018 y 268/020, brinda incentivos fiscales a las empresas sujetas al Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) que inviertan en Uruguay.
El objetivo de esta legislación es fomentar el desarrollo económico y crear un impacto positivo en el valor agregado de la economía uruguaya.
La aprobación para recibir estos beneficios puede enfocarse en una actividad sectorial específica, definida como un conjunto de proyectos orientados a producir, comercializar o brindar ciertos bienes o servicios. Se definen objetivos específicos que se evalúan con un sistema de puntuación del 0 al 10, según criterios establecidos en una tabla correspondiente.
Se aceptan las siguientes categorías de inversión:
Bienes corporales muebles que se utilicen directamente en las operaciones de la empresa. Estos deben representar un valor mínimo acumulado de 500 Unidades Indexadas (UI). No se incluyen bienes muebles para uso doméstico ni ciertos tipos de vehículos no destinados a fines utilitarios.
Inversiones en construcciones y mejoras permanentes en propiedades. En caso de que las mejoras se realicen en propiedades alquiladas, es necesario que, al momento de presentar la solicitud, exista un contrato de arrendamiento vigente por un mínimo de tres años.
Para inversiones en forestación, se consideran tanto la compra de plantines como los costos asociados a la plantación y el mantenimiento de árboles frutales y arbustos perennes.
¿Qué impuestos quedan exentos en un proyecto de inversión aprobado?
- Exención del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).
- Exención del Impuesto al Patrimonio (IP).
- Reembolso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado.
- Exención de derechos e impuestos en la importación de bienes.
Las empresas pueden disfrutar de exenciones fiscales sobre las inversiones realizadas desde el año fiscal en que se presenta el proyecto, siempre que hayan generado una renta neta fiscal.
Con la entrada en vigor del Decreto n° 268/020, los beneficios se han ampliado:
- Se incrementó la exención mínima, de un 20% a un 30% de la inversión elegible.
- Se introdujo la posibilidad de evaluación mediante una matriz simplificada basada en la generación de empleo.
- El período mínimo de exención se extendió de 3 a 4 años fiscales.
- Se disminuyó el requisito de horas para considerar un empleo, de 40 a 30 horas semanales.
- Se incrementó la ponderación de los indicadores de Generación de empleo y Aumento de Exportaciones.
- El IRAE exonerado puede llegar hasta el 90% del impuesto a pagar.
- Las pequeñas empresas pueden obtener un 10% adicional de beneficio en el IRAE.
¿Cuál es la duración del proceso de aprobación?
Tras la presentación del proyecto, hay un período inicial de 90 días hábiles para que las autoridades emitan una resolución que declare el proyecto como promovido. Este período puede pausarse si se requiere más información de la empresa, aunque esta pausa no puede exceder los 90 días hábiles.
Una vez transcurrido este plazo sin una resolución, se considerará que la recomendación para que el Poder Ejecutivo conceda los beneficios ha sido efectuada.
Se supervisa la realización efectiva de los proyectos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los beneficiarios. Esta revisión puede realizarse en cualquier etapa del desarrollo y operación del proyecto. Si durante el seguimiento se detecta que los beneficiarios no han cumplido con sus obligaciones, se procederá a reajustar los impuestos que habían sido exonerados.
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