Un traductor público es un profesional con formación universitaria, según lo establece la Ley 20.305, especializado en traducir documentos en idiomas extranjeros para entidades y organismos oficiales. Este profesional es el único autorizado para validar traducciones públicas y actuar como intérprete y traductor en procedimientos judiciales.
Sus habilidades también son requeridas en el sector privado para traducir documentos escritos que exigen responsabilidad profesional, alta capacitación y especialización.
Matriculación de un Traductor Público
Es esencial que el traductor público esté registrado en el Colegio de Traductores Públicos correspondiente (como el de Montevideo), ya que este organismo es responsable de autenticar la firma y sello del traductor en las traducciones y verificar su identidad.
¿Qué es una Traducción Pública?
A diferencia de una traducción ordinaria, una traducción pública es un documento oficial que incluye la firma y sello del traductor público. Se adjunta al documento original y se sella en todas sus páginas, formando un solo documento oficial con la firma y sello del traductor al final.
La traducción pública abarca la conversión de documentos del idioma nacional a un idioma extranjero y viceversa, así como de un idioma extranjero a otro que no sea el nativo.
Cualquier documento redactado en un idioma extranjero que deba ser presentado ante instituciones, organismos públicos, judiciales o administrativos del Estado, incluyendo oficinas municipales, debe acompañarse de una traducción al idioma nacional. Esta traducción debe ser realizada y firmada por un traductor público.
Esta norma se aplica igualmente a documentos originados en Uruguay que necesiten ser enviados al extranjero.
Necesidad de una Traducción Pública y Servicios de un Traductor Público
Se requiere una traducción pública cuando se deben presentar documentos traducidos ante organismos oficiales. Las instituciones oficiales no aceptan documentos en idiomas extranjeros sin la correspondiente traducción pública y legalización.
Los traductores públicos desempeñan un papel clave en el sistema judicial como peritos, ayudando en la traducción de documentos en idiomas extranjeros o actuando como intérpretes en procedimientos judiciales donde se requiere comprender a personas que hablan otro idioma.
Además, son responsables de firmar, sellar y validar los certificados de concordancia. Cuando un documento ya ha sido traducido al español por un traductor público extranjero, para que sea reconocido en Uruguay, debe ser verificado por un traductor público uruguayo. Este proceso incluye la emisión de un certificado de concordancia, donde se compara la traducción con el documento original, asegurando así su validez en Uruguay.
Más allá de las traducciones oficiales, los traductores públicos también están capacitados para traducir una variedad de documentos técnicos, como manuales de operación de maquinaria, historias clínicas, artículos médicos y otros documentos técnicos especializados.
Idiomas más comunes de traducción de documentos:
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Inglés
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Portugués
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Italiano
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Francés
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Alemán
Relación entre la Apostilla de La Haya y la Traducción Pública
La Apostilla de La Haya, establecida por la Convención de La Haya, es una certificación notarial que agiliza la validación de documentos públicos, eliminando la necesidad de legalización diplomática o consular.
Es importante diferenciar entre la legalización realizada por el Colegio de Traductores Públicos y la Apostilla de La Haya, ya que son procesos distintos realizados en diferentes lugares. Para evitar confusiones, se debe verificar si un documento requiere la Apostilla de La Haya o la legalización del Colegio de Traductores Públicos.
En Uruguay, la Apostilla de La Haya se tramita en el Ministerio de Relaciones Exteriores y es un paso previo a la traducción pública.
Ejemplos de documentos que pueden requerir de un traductor público
- Contratos
- Certificados
- Historia médicas
- Escolaridades
- Estatutos
- Poderes
- Documentos de importación
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